Las permanentes teorías conspirativas encontraron un nuevo anclaje en el gobierno de Cristina. Informes internos, que le llegaron a la presidenta, hicieron que se dispusiera el emplazamiento de mil gendarmes en la provincia de Córdoba, tal como lo solicitó el gobernador disidente José Manuel de la Sota. El fiscal provincial Raúl Garzón dispuso nuevas detenciones de uniformados sublevados el pasado fin de año. La movilización de las llamadas Rosas Azules, las mujeres de los policías que reclaman mejoras salariales, puso en alerta a la provincia y acrecentó los principales temores de un gobierno K que pretende trazar un paralelismo con los hechos acontecidos en Ecuador, en el año 2010, cuando Rafael Correa denunció un intento de golpe de estado. En aquel entonces, el gobierno ecuatoriano logró la aprobación parlamentaria de la ley de Servicio Público que, entre otras cosas, recortó condecoraciones y  bonificaciones, y alargó  períodos para ascender en la carrera profesional de los policías. La protesta fue repelida por las Fuerzas Armadas, que no adhirieron a los policías. Correa había sido retenido en un confuso episodio en un hospital, hasta que al restablecer el orden, con cinco muertos y un centenar de heridos, festejó “la recuperación de la democracia”.