Piden congelar las cuentas de 44 prófugos por lesa humanidad

Apelando a la polémica ley antiterrorista, la Unidad de Información  Financiera (UIF) le pidió a la Justicia congelar los fondos de 44 personas  prófugas por delitos de lesa humanidad. El caso, el segundo de aplicación de la  norma, ya despierta polémica entre juristas. Expertos en el tema aseguran que se  pretende usar la ley para otro fin del que fue pensada, esto es, combatir el  financiamiento del terrorismo internacional. Un sector de la Justicia lo  justifica al decir que es parte de una interpretación amplia del concepto de  terrorista. El pedido de la UIF, no obstante, todavía no fue autorizado: dos  jueces se excusaron de intervenir y el caso quedó en manos de la Cámara federal. A través de una resolución, el organismo que conduce José Sbattella dispuso el congelamiento  administrativo de las cuentas bancarias de aquellos que figuran en el listado de  personas buscadas por delitos de lesa humanidad, a cargo del Ministerio de  Justicia. Hasta ayer, en el sitio web de esa cartera, sólo figuraban 32  personas, pero fuentes oficiales confirmaron que en total son 44. “Pronto se va a actualizar el listado on line”, dijeron. Antes de ingresar en ese  listado, cada búsqueda debe aparecer en el Boletín Oficial. Por todos se ofrece  una recompensa porque tienen pedido de captura. En la mayoría de los casos son  100 mil pesos, salvo José Darío Mazzaferri y Eduardo Salvador Ullúa, por quienes se ofrecen  200 mil pesos. La decisión de la UIF no tiene aplicación inmediata. El decreto que  reguló la ley antiterrorista, el 918/2012, prevé que haya una ratificación  judicial. El primer caso se dio hace pocos días cuando el juez federal Norberto  Oyarbide confirmó un pedido de la UIF de congelar los bienes y el dinero de la  empresa American Data, dedicada a juegos de apuestas, ante la sospecha de que le  daba soporte financiero a Jorge Raúl Vildoza, un ex jefe de la ESMA que está  prófugo y acusado de delitos aberrantes como la apropiación de un menor, hecho  por el cual fue detenida su esposa. La firma es propiedad de su hijo y de su  yerno.