Primeros detalles de una licitación clave

Un aumento del 114% en la tarifa de estacionamiento medido, que subiría de $ 1,40 a $ 3, y más controles sobre las grúas para que no puedan cometer abusos, son los puntos salientes del pliego que tiene en su poder el Gobierno porteño para licitar, antes de fin de año, un servicio que acumula todo tipo de irregularidades. Los cambios comenzarán a definirse el 15 de julio en la audiencia pública que acaba de convocar el jefe de Gobierno a través de un decreto. En el Gobierno porteño aseguran que se mantendrán, por ahora, la cantidad de espacios donde se puede cobrar por estacionar, que seguirían siendo unos 4.000.

Con el arranque de la nueva concesión, que será por cinco años, también subiría el precio del acarreo de $ 190 a $ 220. Y se podrán levantar vehículos de tres o menos ruedas (costará $ 88) y contenedores, un costo de $ 110. También se amplía en un 5% el radio de acción de las grúas. Según datos oficiales, pasaría de las 1.450 manzanas actuales a 1.515, en la franja entre San Juan, Independencia, Jujuy y 9 de Julio.

El nuevo esquema de grúas y estacionamiento tarifado propone una división en tres zonas. Eso asegura el ingreso de al menos una empresa nueva al negocio. Las dos que tienen la concesión actualmente son STO y SEC y están habilitadas a presentarse. Las tres empresas adjudicatarias pagarán un canon al Gobierno porteño que se descontará de los ingresos que perciban por el sistema de estacionamiento, los acarreos y por los autos que superan las 6 horas de estadía en la playas de remisión. “Como mínimo es un 10 % de la recaudación, pero aspiramos a que sea el mayor porcentaje posible por la puja de ofertas”, aseguró Dietrich. Llamativamente, las empresas estarán a cargo de “adecuar o reemplazar” la señalización vertical y horizontal vinculadas al estacionamiento, algo que debería estar en manos del Gobierno.

En el Gobierno afirman que la licitación es un “hito” y a su vez un “desafío”, pero no descartan alguna maniobra de los privados, como dejarla desierta. Según distintas fuentes consultadas, las pocas empresas que comparten el rubro aspiraban a un contrato de más de 5 años, lo que hubiera forzado la intervención de la Legislatura.