Parece que la sesión de sábado se cae. El gobierno aún no cuenta con los votos necesarios para el quórum. Cuatro sectores opositores imprimen presión para apoyar pero con cambios a la Ley Ómnibus. De esta manera, el acelere que quiso darle el Ejecutivo entraría en cierto rebaje hacia la negociación de las últimas semanas de enero. La negociación está compleja.

Para llegar a un dictamen acordado, el Gobierno debe acercar posiciones con el PRO, la UCR, el bloque de Pichetto y los gobernadores dialoguistas. Todos al unísono por separado no le sirve al oficialismo y tampoco a opositores que dudan de las bondades de acompañar tamaño ajuste. A esta hora, los votos necesarios brillan por su ausencia.

Entre los puntos negociables figuran: pesca, retenciones, movilidad jubilatoria, entre otros espinosos. Desde el entorno presidencial señalan que todo lo que se modifique no alterará el espíritu general de la mega ley que consta de más de 660 artículos.

El primer baño de realidad del límite del “todo o nada”, lo tuvo el oficialismo con los gobernadores patagónicos por las desregulación extrema del sector pesquero.

Media sanción antes de febrero es el objetivo del gobierno. El discurso radicalizado de Miel en Davos provocó distancia de algunos dirigentes opositores como Margarita Stolbizer, quien expresó que la exposición presidencial estuvo cargada de soberbia.

En el fuero empresarial local, lo que les preocupa es que el flamante presidente rompa todos los lazos de interacción del sistema y se vaya quedando solo. Compran su modelo, en un alto porcentaje, pero los preocupa el cómo.

La reforma política quedará en el cajón por el momento. La Comisión Bicameral de los DNU nunca terminó de conformarse. Da la impresión que a la larga el único freno a las reformas cuasi pretensiosas de cambiar la Constitución solo encontrarían freno en la Justicia.