La toma de las viviendas en Parque Avellaneda es el reflejo de dos dramas sociales: el de la falta de vivienda, que quedó evidenciado con creces en la crisis del Indoamericano, y el de la cuenca Matanza Riachuelo. De hecho, las viviendas usurpadas están destinadas a los habitantes de “El Pueblito”, un pequeño asentamiento ubicado sobre las márgenes del Riachuelo, como parte del plan de reubicación de villas y asentamientos con riesgo ambiental que impulsó la Corte Suprema y que compromete a la Ciudad, la Nación y la Provincia de Buenos Aires. El juez federal de Quilmes Luis Armella está cargo de controlar que ese ejecute es plan. Por eso interviene y ordena el desalojo. En el fallo hay un tirón de orejas, inusual quizás, a funcionarios provinciales, porteños y nacionales. Pero especialmente a la secretaria de seguridad nacional Graciela Caamaño. ¿Por qué?. La construcción de la casas estaba a cargo de la Ciudad, a través de la Corporación del Sur, pero se había contratado a personal de seguridad privada y se abonaba un adicional a la Policía federal. Por eso, Armella decidió aplicarle una multa a la ex fiscal Caamaño. Lo cierto es que no es la primera vez que ocurren este tipo de tomas en asentamientos de la Ciudad. En general es por demoras en la entrega. Y en la mayoría de los casos, el desalojo cuando llega ya es tarde porque ya hubo vandalismo y las casas quedan prácticamente inhabitables. Pierden todos. Otra costumbre: nunca aparecen los responsables.