El desalojo de 33 familias en un hotel del barrio de Constitución desembocó en un pedido de juicio político contra la jueza contravencional y penal que lo ordenó, María Fernanda Botana. Lo extraño es que el pedido lo impulsa el defensor general de la ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim. El funcionario, alineado al kirchnerismo, sostuvo que se trató de una medida “ilegal”. Pero no terminó ahí. Todos los jueces y funcionarios salieron a repudiar el juicio político. “En modo alguno debería ser pensado el pedido del Jury como una vía más para discutir una decisión judicial que no se comparte“, advirtieron los miembros del Colegio y de la Asociación de Magistrados porteños. Sin mencionar al defensor genera, pidieron actitudes “prudentes” y evitar los agravios.