El senador radical Luis Naidenoff denunció hoy al gobernador de Formosa Gildo Insfrán tras la investigación de Clarín sobre los vuelos reservados del mandatario en vuelos privados. La presentación judicial, que recayó en la fiscalia de primera instancia del fuero criminal y correccional de Formosa, apunta al delito de dádivas, el mismo por el cual podría ser condenado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien viajó en taxis aéreos pagados por empresas que debía controlar. También pide que se investigue a Insfrán por los posibles delitos de abuso de autoridad y peculado. El gobernador de Formosa vuela en aviones privados casi desde el comienzo de su gestión. En los últimos dos años utilizó al menos dos aeronaves de la empresa Baires Fly, matrículas LV-CCO y LV-CZX. Los registros de la ANAC confirmaron que durante el primer semestre de 2013, esos dos aviones hicieron 36 vuelos desde y hacia Formosa. Cada viaje costó alrededor de 13 mil dólares. ¿Quién pagó los viajes? La denuncia, a la que tuvo acceso Clarín, plantea dos líneas de investigación. Si los vuelos fueron pagados por empresarios privados o terceros, la maniobra podría encuadrarse en el delito de dádivas. El artículo 259 del Código Penal reprime “con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo”. En cambio, si se comprueba que los viajes fueron abonados con fondos públicos, Naidenoff pide que se investiguen los posibles delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público ”, pero también el de peculado, que castiga al funcionario que “empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por la administración pública”. Para poder probar el origen de los fondos, el jefe del bloque radical en el Senado solicita que declaren los dueños de Unicos Air, Diego Colunga y David Yacobiti; el dueño de Baires Fly, Luis Grande; y los pilotos de las aeronaves. También reclama que las empresas entreguen las facturas de los vuelos y que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aporte toda la documentación disponible. Otro prueba clave son los planes de vuelo de los dos aviones, donde constan los datos de los pasajeros, a partir de 2003.