A la sombra del conflicto entre la Federal y la Metropolitana por la ocupación de viviendas en el Bajo Flores, otra pelea se dispara entre la Nación y la Ciudad, aunque esta es silenciosa y se dirime en los Tribunales. Cansado de reclamar, el Gobierno porteño presentó una demanda por el pago de más de 113 millones de pesos adeudados desde junio de 2008, cuando se puso en marcha la transferencia de competencias penales a la Justicia local. Además, reclamó que el Gobierno designe un funcionario para que se encargue del tema. Al mismo tiempo, el bloque macrista en Diputados dio un giro y decidió impulsar la sanción definitiva del Tercer Convenio de Transferencia (ya se firmaron otros dos en 2002 y 2004). "Hay que aprovechar la media sanción en el Senado en la coyuntura actual del Congreso", reveló un funcionario de la Ciudad que estuvo reunido con el jefe del bloque macrista, Federico Pinedo, y con el de la UCR, Ricardo Gil Lavedra. El PRO había decidido no impulsar su aprobación hasta que se cancele la deuda, que crece todos los meses en 6 millones de pesos, pero la coyuntura legislativa modificó esa postura. Igualmente, una vez que se apruebe en el Congreso, el convenio debería ser refrendado por la Legislatura porteña.
La causa judicial está en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo federal Liliana Heiland desde antes de la feria judicial de enero. Sin embargo, hasta ahora no tuvo movimientos relevantes (aún se está discutiendo quién debe pagar la tasa de Justicia).
Además del dinero, la Ciudad pide que el Estado nacional designe a un representante "a los efectos de la estimación y liquidación de los importes respectivos". El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, espera para sentarse a esa mesa.
NP
