Qué dice la imputación de De Vido por las refacciones en Desarrollo Social

El fiscal federal Luis Comparatore imputó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a raíz de presuntos sobreprecios en las remodelaciones del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, en donde están emplazados los murales de Evita. También pidió que se investigue al secretario de Obras Públicas, José López; al subsecretario Legal de de Obras Públicas, Rafael Llorens; al director nacional de arquitectura, Marcelo Cufré y a los integrantes de la comisión evaluadora de la licitación. La causa, por el presunto delito de administración fraudulenta con fondos públicos, se inició a raíz de una investigación preliminar que llevó a cabo el fiscal federal Carlos Stornelli, quien denunció el supuesto pago de sobreprecios. Inicialmente, la obra iba a salir 74 millones, pero terminó costando 110 millones. Tras una licitación desierta, se le adjudicó en tiempo récord a la empresa Teximco SA, única oferente. “Dentro de la diferencia de sumas entre el primer y el segundo llamado se habría detectado computados alterados y llamativas diferencias de precios, cuando las nuevas tareas incluidas en la segunda habrian implicado un aumento de $2.000.000 respecto de la primera”, destaca el requerimiento fiscal, al que tuvo acceso ExpedientePolítico. Y agrega: " Además se habría dado al segundo llamado Cuna celeridad poco usual para el tipo de trámite tratado y se habría incorporado como requisito que las firmas interesadas debían contar con antecedentes en obras de restauración de edificios declarados Monumento Histórico Nacional". Comparatore le pidió al juez federal Sergio Torres –actualmente de licencia- que ordene una pericia a expertos del Museo Nacional de Bellas Artes sobre los dos murales de Evita, y que se establezca una tasación de las obras. Además pidió que la Auditoría General de la Nación informe “acerca de la existencia de antecedentes sobre licitaciones en las que se haya requerido la provisión de vehículos 0 km cuando la misma versa sobre remodelaciones edilicias”. Llamativamente, el contrato preveía que el Estado ponía a préstamo cuatro vehículos nuevos, con combustible pago, para trasladar a personal de la empresa. Por último, el fiscal Comparatore también requirió que la Inspección General de Justicia (IGJ) informe la identidad de las firmas Teximco y Ashoka Construcciones Sa.