Tres días antes de fin de año llegó al juzgado de Oyarbide información sensible que había mandado la Justicia uruguaya envió vía Cancillería. Los datos se filtraron recién esta semana cuando el juzgado corrió vista al fiscal de un pedido de información de la jueza uruguaya Graciela Gatti sobre los imputados. Los documentos prueban definitivamente que el financista Fernando Caparrós Gómez tiene la totalidad de la acciones de Tivenwest, que a su vez es propietaria del 99% de Monetización (el 1% restante está en poder de Daniel Laurenti, otro de los imputados en la causa). La firma uruguaya está en el centro de la investigación porque era dueña de Meldorek, la constructora con la cual Schoklender pensaba “independizarse” de la Fundación. El entrecruzamiento de información se gestó en septiembre del año pasado, durante un viaje de funcionarios judiciales argentinos a Uruguay. Allí, en charlas informales con Gatti y el fiscal Percivalle, se inició la colaboración mutua. Alrededor de Caparrós aparecen otros dos personajes: Jorge Fidalgo, titular de Crédito Sur, una financiera que cambió cheques en el caso de la mafia de los remedios. Ese empresario protagonizó un papelón este verano cuando intentó salir del país con su familia rumbo a Buzios para descansar en un magestuoso resort. Finalmente fue autorizado por la jueza de turno varios días después ( su familia ya había viajado). El otro ladero es Daniel Laurenti, socio y testaferro de Caparrós. A Laurenti lo defiende la esposa del fiscal Paul Starc. A todo esto, el juez Oyarbide viajó al Chaco para ver las obras, suponiendo que allí encontrará alguna prueba. Pero recién volverá a trabajar el miércoles. Una versión indica que su estadía en esa provincia se habría extendido por motivos personales.
