El fiscal Federico Delgado rechazaría en las próximas horas el pedido del Gobierno para ser querellante en la causa. Así, el juez Bonadío no tendría demasiadas chances de hacer lugar a la pretensión. La causa judicial se sigue ampliando porque se le van sumando otras causas judiciales previas contra la empresa TBA e informes estatales sobre el manejo de los subsidios. Unos de los abogados que representa a más de 100 víctimas de la tragedia calcula que en la denuncia civil se podría reclamar al Estado y a la empresa un total de 1.200 millones de pesos. A todo esto, el Gobierno anunció hoy la intervención de la empresa concesionaria, una forma de ganar tiempo antes de quitarle la concesión a Cirigliano. La decisión de la intervención ya estaba tomada antes del acto de Cristina en Rosario: los intendentes recibieron la invitación de De Vido, con quien se reunieron esta mañana, antes de escuchar a la Presidenta, que no quiso involucrarse en la parte "administrativa" de la tragedia.
El Gobierno no podría ser querellante
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