“Ahora vamos a todo o nada”, fue la respuesta de unos de los integrantes de la mesa chica del PRO, que ya descartó avanzar con un DNU para ampliar la ley que votó la Legislatura hace dos semanas contra los motochorros y ahora piensa en una consulta popular o una iniciativa popular, dos mecanismos previstos en la Constitución de la Ciudad. Otra salida al conflicto, aunque con menos chances, es optar por un referéndum. Hace una semana, el DNU era un hecho, pero en siete días se dejó de lado: según dicen tenía muchas chances de ser declarado inconstitucional en la Justicia. Lo que se mantiene firme es la decisión de no vetar la ley para no pagar el costo político. La consulta popular no vinculante está prevista en el artículo 66 de la Constitución. La principal diferencia con el referéndum es que el sufragio no es obligatorio y el resultado no es vinculante. Otra opción que evalúa por estas horas el PRO es convocar a los porteños a juntar firmas para presentar un nuevo proyecto en la Legislatura, más duro que el que se aprobó hace dos semanas. Según la Constitución, esa iniciativa necesita el uno y medio por ciento del padrón electoral.
Nueva estrategia por motochorros
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