Luego de una batalla legal que duró más de cuatro meses, la Cámara Contravencional ordenó ayer desalojar el asentamiento denominado “La Veredita”, ubicado sobre veredas y calles del Bajo Flores, en una zona donde tienen terrenos varios colegios privados y públicos y algunos clubes deportivos. Lo más perjudicados son el Colegio Marianista y la Asociación Atlética Argentinos Juniors. De esa manera, confirmó una orden que había dado la jueza porteña Claudia Alvaro. Pero esta vez el procedimiento estará a cargo de la Policía Federal y de la Gendarmería . La Metropolitana se encargará únicamente de “colaborar” con las fuerzas federales. En su momento, la magistrada le había asignado a esa fuerza un rol protagónico. Luego, el allanamiento no se hizo porque hubo innumerables apelaciones. Además, el Ministerio de Seguridad nacional se negó a formar un cerco, con la Federal o la Gendarmería, para que no ingresen más personas. La ministra Nilda Garré entendió que no correspondía la intervención de ambas fuerzas porque se trataba de un delito de jurisdicción local, una usurpación. El mismo argumento usó para no desalojar las viviendas ocupadas en marzo a pocas cuadras de allí, pese a las sucesivas órdenes del juez federal Luis Armella. Ahora, la jueza Alvaro deberá decidir cuándo se liberarán las veredas y calles del asentamiento, que ocupa las calles Riestra, entre Lafuente y Portela, y Portela entre Castañares y Riestra. En diciembre de 2010 se habían colocado varias casillas precarias, aunque el asentamiento tiene más de cinco años de antigüedad.